El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (FL-26) presentó el miércoles el proyecto de ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026.
Bajo su puesto de vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y presidente de la Subcomisión sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado, y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes, el representante explicó que se trata de una legislación que "refuerza la visión del presidente Trump de paz a través de la fuerza al restaurar el liderazgo estadounidense, mantener una firme solidaridad con nuestros aliados, promover la libertad y enfrentar las fuerzas malignas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y ponen en peligro vidas estadounidenses".
¿Cómo aparece Cuba en este Proyecto de Ley?
Cuba aparece citada en este proyecto de Ley entre los países considerados como adversarios de Estados Unidos, junto a China, Irán y Venezuela, una categoría que incluye además a los cárteles de la droga, incluidos los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
En lo relacionado con Cuba, esta propuesta de presupuesto incluye $35 millones para programas de democracia y $40 millones para las operaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, a cargo de Radio y TV Martí.
La legislación está diseñada para prohibir la asistencia a individuos o entidades que apoyen, financien o faciliten las operaciones o actividades comerciales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, del Ministerio del Interior, o sus aliados. También busca prohibir fondos para evitar la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y para impedir la desaparición de entidades de la Lista Restringida de Cuba.
De la misma manera, se propone prohibir fondos para países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos, al tiempo que se instruye al secretario de Estado a negar visas de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental u organización internacional involucrada en la explotación de médicos cubanos.
Por la importancia de esta legislación, a continuación reproducimos algunos de los aspectos más fundamentales que han sido destacados por la oficina de Díaz-Balart:
PROYECTO DE LEY DE ASIGNACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2026 PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, DEPARTAMENTO DE ESTADO Y PROGRAMAS RELACIONADOS
El Proyecto de Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados proporciona una asignación discrecional total de $46.218 mil millones, que es $13.13 mil millones (22%) por debajo del nivel promulgado para el año fiscal 2025, $5.5 mil millones por debajo del proyecto de ley de Asignaciones, NSRP (por sus siglas en inglés) aprobado por la Cámara de Representantes para el año fiscal 2025 y cumple con la agenda América Primero.
Dentro de los recortes totales, el proyecto de ley de Asignaciones, NSRP, mantiene un financiamiento sólido para nuestros aliados como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán y contrarresta a adversarios como la República Popular China Comunista, Irán, Venezuela, Cuba y los cárteles de la droga, incluidos los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El proyecto de ley apoya la visión del presidente Trump de reenfocar y realinear la política exterior para hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero, al tiempo que garantiza que todos los fondos se gasten de acuerdo con las Órdenes Ejecutivas pertinentes.
Promueve la Política Exterior de América Primero al:
Redefinir la asistencia exterior para promover la autosuficiencia para aliados y socios clave de EE.UU., impulsar el crecimiento y la estabilidad económica, y proteger nuestra seguridad nacional.
Crear el Fondo de Oportunidades de América Primero para garantizar que el secretario de Estado tenga la flexibilidad de responder rápidamente a oportunidades imprevistas y avanzar la agenda de política exterior de América Primero.
Exigir que se tenga en cuenta la cooperación de un país en las prioridades de Estados Unidos –tales como las cuestiones migratorias, la oposición a los adversarios extranjeros, la distribución equitativa de las responsabilidades y los votos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– al determinar las asignaciones de asistencia económica.
Priorizar los intereses comerciales de Estados Unidos.
Apoya a la Administración Trump y el mandato del pueblo estadounidense al:
Defender las prioridades de América Primero para la promoción de una política exterior que apoye a nuestros aliados, contrarreste a nuestros adversarios, se centre en la prosperidad económica y la seguridad nacional, y elimine las contribuciones a las organizaciones multilaterales que son derrochadoras y están en contra de los valores estadounidenses.
Apoyar las órdenes ejecutivas del presidente Trump para garantizar que no se hagan gastos innecesarios en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) o programas woke, mandatos sobre el cambio climático e ideologías divisivas de género.
Permitir que solo la bandera estadounidense y otras banderas oficiales del gobierno ondeen sobre las embajadas de Estados Unidos.
Prohibir los fondos para la migración irresponsable, respaldando las órdenes ejecutivas del presidente Trump sobre la frontera y la migración.
Alentar al secretario de Estado a considerar el nivel de cooperación de los países con la ley en materia de migración al decidir la asignación de la asistencia extranjera.
Priorizar el financiamiento y las políticas para combatir el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Protege la vida, apoya los valores estadounidenses y mejora nuestra posición en el mundo al:
Proteger las disposiciones pro-vida de larga data, así como mejorar la supervisión y la transparencia sobre la implementación del programa para garantizar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no financie abortos.
Eliminar las referencias vagas al "género" y destacar claramente nuestro apoyo a las mujeres y niñas.
Apoyar los programas de libertad religiosa en el extranjero y las protecciones de libertad religiosa para organizaciones religiosas que ofrecen ayuda extranjera.
Defender la soberanía de Estados Unidos prohibiendo los fondos para el Tratado sobre el Comercio de Armas y protegiendo los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses.
Prohibir los programas de desinformación que violan los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses.
Refuerza la seguridad nacional y las protecciones fronterizas de Estados Unidos al:
Ofrecer una sólida asistencia a Egipto y Jordania, dos socios clave de Estados Unidos.
Incluir $500 millones de dólares para el Programa de Financiamiento Militar Extranjero para Taiwán, con el fin de fortalecer la disuasión a través del Estrecho de Taiwán, y hasta $2 mil millones de dólares en préstamos y garantías de préstamos para Taiwán, para fortalecer los esfuerzos de disuasión en la región del Indo-Pacífico.
Financiar en su totalidad el Fondo de Lucha contra la Influencia de la República Popular China en $400 millones de dólares.
Proporcionar $1,8 mil millones de dólares para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico y contrarrestar la influencia maligna de China Comunista.
Prohibir el uso de fondos para la República Popular China y el Partido Comunista Chino, incluyendo:
la prohibición de fondos para que países paguen la deuda contraída con China;
la prohibición de apoyar a instituciones académicas que colaboren en programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con colegios o universidades controladas por la República Popular China o el Partido Comunista Chino;
y la prohibición de fondos para instituciones financieras internacionales que otorguen préstamos a la República Popular China.
Prohibir la asistencia a individuos o entidades que apoyen, financien o faciliten las operaciones o actividades comerciales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, del Ministerio del Interior, o sus aliados.
Incluir financiamiento que priorice los esfuerzos del Departamento de Estado para contrarrestar el tráfico de narcóticos que afecta a Estados Unidos.
Salvaguarda el dinero de los contribuyentes estadounidenses, preserva las funciones esenciales y reduce el gasto innecesario al:
Priorizar la cordura fiscal y la eliminación del despilfarro, el fraude y el abuso invirtiendo estratégicamente para ayudar a nuestros aliados a alcanzar objetivos duraderos y sostenibles en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Apoyar los esfuerzos para reducir la duplicación, superar la fragmentación institucional y mejorar la coordinación de la política exterior bajo la dirección del secretario de Estado, con el fin de respaldar un Departamento ágil y eficaz.
Eliminar el financiamiento para ciertos programas, organizaciones o funciones no autorizadas.
Eliminar la financiación de las órdenes ejecutivas de la era Biden sobre el clima, el género, la DEI y los programas superfluos o irrelevantes que diluían la misión de la política exterior de Estados Unidos.
Incluir una nueva directiva al secretario de Estado para establecer una estrategia para la transición de los programas para el Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) de la asistencia de Estados Unidos.
Consolidar y reducir el número de cuentas de asistencia para facilitar la asignación eficiente y estratégica de fondos para programas que apoyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Priorizar el compromiso diplomático para resolver favorablemente las disputas comerciales en el extranjero y promover los intereses comerciales estadounidenses en el exterior.
Volver a centrar la atención en las funciones diplomáticas críticas, como atender las aplicaciones de pasaportes y garantizar la seguridad de nuestras embajadas.
Prohibir la financiación del Fondo Verde para el Clima Multilateral y del Fondo para Tecnología Limpia.
Prohibir la financiación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Eliminar el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales no responsables e ineficaces.
Prohibir la financiación de iVerify y otros programas de “verificación de hechos” de las Naciones Unidas.
Prohibir la financiación a la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés).
Apoyando a nuestro amigo y aliado, Israel, al:
Brindar un apoyo firme a Israel, incluyendo no menos de $3,3 mil millones en fondos del Programa de Financiamiento Militar Extranjero.
Prohibir la financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Prohibir la financiación para la Secretaría de la ONU hasta que se cumplan condiciones de responsabilidad respecto al personal de la UNRWA implicado en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en Israel, que causó la muerte de más de 1.200 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses.
Prohibir la financiación para la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas contra Israel, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
Prohibir la financiación para los Relatores Especiales de las Naciones Unidas.
Promueve la libertad y la democracia mientras protege los dólares de los contribuyentes estadounidenses al:
Promover la libertad en el Hemisferio Occidental:
$35 millones para programas de democracia en Cuba;
$50 millones para programas de democracia en Venezuela;
$15 millones para programas de democracia y religión en Nicaragua.
$40 millones para las operaciones de la Oficina de Radiodifusión para Cuba (Radio y TV Martí).
Prohibir fondos para evitar la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y para impedir la desaparición de entidades de la Lista Restringida de Cuba.
Prohibir fondos para países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos, al tiempo que se instruye al secretario de Estado a negar visas de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental u organización internacional involucrada en la explotación de médicos cubanos.
Imponer estrictas condiciones a la financiación así como un informe previo a la obligación para Colombia, mientras se reduce en un 50 % la asistencia no militar debido al incumplimiento de la Administración Petro en alinearse con los intereses de Estados Unidos y el deterioro de las condiciones de seguridad–incluyendo un intento de asesinato contra un líder de la oposición política–, mientras se mantiene el apoyo continuo a los esfuerzos contra el narcotráfico.
Exigir que la asistencia extranjera se dirija a países del Hemisferio Occidental que actúen como aliados e implementen políticas exteriores y domésticas coherentes con los valores e intereses de seguridad de Estados Unidos.
Solicitar un informe de la Administración sobre los esfuerzos en Haití y fomentar la incorporación de organizaciones locales en su enfoque ante las crisis multisectoriales.
Aumentar la financiación y el enfoque estratégico hacia aliados en el Hemisferio Occidental, incluyendo Costa Rica y la República Dominicana, que trabajan en objetivos comunes para combatir el tráfico de narcóticos, luchar contra el crimen internacional, controlar la migración y contrarrestar las amenazas antiestadounidenses.
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